Las dudas del Constitucional abocan al Supremo a decidir sin datos los electores de la 'ley de nietos' que no votarán
La más que posible colisión entre el Tribunal Supremo y el Constitucional por la suspensión del voto a los nuevos españoles descendientes de exiliados republicanos tiene mucho que ver con conflictos anteriores, como el de la ley de amnistía. Al igual que con la norma del perdón, en el caso de la ley de nietos, la más alta instancia judicial española en todos los órdenes, el Supremo, toma una decisión manifiestamente inconstitucional o de un exotismo de muy difícil comprensión con la certeza de que el Tribunal Constitucional terminará dándole la vuelta. Después, cuando el órgano de garantías lo corrige, los magistrados del Alto Tribunal se rasgan las vestiduras al tener que acatar su doctrina, quejándose de que entre en su ámbito de interpretación. Desde los partidos y sectores sociales de derechas se difunde entonces la opinión de que el órgano de garantías o, mejor aún, su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y el resto de los magistrados progresistas, vuelven a salvar los trastos al Gobierno. En este último caso, el del voto de los nacionalizados por la ley de nietos, por no creerse la teoría de la conspiración del pucherazo que la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo le ha comprado a Vox. O, lo que es peor, por bendecirlo.En el Constitucional comienzan a estar hartos de esta estrategia, repetida con el caso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez o los ERE de Andalucía y que abunda en la estrategia de desprestigio institucional contra él. Este mismo lunes ha tenido su último episodio en el levantamiento de la orden de busca y captura contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ordenada por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena. El instructor del procés ha acatado la doctrina del Constitucional criticándola al mismo tiempo. En el caso de la ley de nietos, sin embargo, el máximo intérprete de la Constitución, que iniciará mañana su deliberación sobre si anula la suspensión cautelar del voto de 163.020 españoles, se inclina, con una m…
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