PP y Vox convierten sus pactos autonómicos en papel mojado con promesas sin encaje autonómico
Los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León siguen el mismo patrón: incorporan medidas de fuerte carga ideológica en inmigración, vivienda, ayudas públicas, seguridad y servicios sociales, pero varias de ellas no pueden ejecutarse plenamente desde un gobierno autonómico. En unos casos porque invaden competencias exclusivas del Estado, en otros, porque chocan con derechos reconocidos por leyes orgánicas estatales o por el derecho europeo.Para cubrirse las espaldas — y de las potenciales querellas o recursos ante los tribunales— , estas medidas están redactadas con salvaguardas como "en el ámbito de sus competencias", "conforme a la legalidad vigente" o "se instará al Gobierno de España". Son coletillas que funcionan como reconocimiento implícito de que la promesa política no puede aplicarse literalmente desde un consejo de gobierno autonómico.Y aunque los pactos entre los conservadores y la extrema derecha sí tienen sus efectos en presupuestos, subvenciones, estructura administrativa, inspección, vivienda o servicios propios, sus medidas estrella —prioridad nacional, exclusión de migrantes en situación irregular, retorno de menores, reforma del padrón, prohibición general del burka o blindaje de la central nuclear de Almaraz en Extremadura— dependen de terceros para hacerse realidad. Las autonomías pueden recurrir, condicionar ayudas o presionar al Ejecutivo central, pero poco más.Los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León han introducido la llamada "prioridad nacional" como “principio inspirador”, que el PP traduce como "arraigo real, duradero y verificable" para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, vivienda protegida y alquiler social. Sin embargo, para Vox se trata de poner en práctica su consigna racista de “los españoles primero” en el acceso a los servicios. En Extremadura y Aragón se fijan mínimos de empadronamiento de diez años para compra y cinco años para alquiler; en Castilla y León el acu…
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Fuentes para contrastar
- El diario El País
- El diario El Mundo
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